Bernardo Bande ha tomado el relevo de Stella Raventós como presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). Es licenciado en Derecho y Administración de Empresas. y auditor. El nuevo presidente defiende que la actual situación de gran inseguridad jurídica en el ámbito tributario hace que AEDAF sea «más necesaria que nunca». Es secretario general técnico de la Asociación de Máquinas Recreativas APROMAR Alicante.
¿Qué novedades trae la nueva Junta de Gobierno?
No vamos a introducir grandes cambios, porque es una gran entidad y se encuentra en un elevado nivel.La primera línea de actuación es mantener la lucha a favor de los derechos de los contribuyentes, que es irrenunciable. En segúndo lugar, queremos seguir aumentando nuestra influencia ante las instituciones públicas. Y en tercer lugar, en una época de inseguridad jurídica, queremos potenciar nuestra influencia y participación en los procesos de desarrollo normativo, para ayudar a mejorar la calidad de la norma.
¿Y que habrá a nivel interno?
Nuestra misión es aportar valor añadido en la práctica diaria a nuestros asociados. Por ello, queremos facilitarles herramientas prácticas, no solo formación, sino facilitar la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Además, queremos rebajar la edad media incentivando la incorporación de los jóvenes. Y hemos creado un grupo de expertos en fiscalidad patrimonial y empresarial familiar para todo lo que tiene que ver con Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Grandes Fortunas… Y queremos crear otro, de seguimiento de recursos de casación, que siga los autos de admisión y que si detecta uno que afecte a muchos contribuyentes, contacte con el letrado que lo lleva para ofrecerle todo nuestro apoyo.
¿Seguirán impugnando ante el Supremo, tras los últimos éxitos?
Nosotros no impugnamos por impugnar, tan solo asuntos que afectan a derechos fundamentales. Lo que es increíble es que paguemos un Tribunal Supremo para que nos dé seguridad jurídica y que, acto seguido nos cambien la norma. En el caso de la obligación de declarar obligatoriamente por vía digital el IRPF no insistiremos, porque hemos conseguido que quedase claro que se trata de un derecho de los contribuyentes y no de una obligación y el TS le ha dicho a la Aeat, a Hacienda, que no puede saltarse la norma a la torera.
¿Qué problemas encuentran en sus relaciones con la Aeat?
La Agencia Tributaria realiza una serie de actuaciones excesivas, que hace que sea vista por la ciudadanía como un ente voraz, que solo quiere recaudar. La sensación que se genera es la de que vale todo y que los derechos se quedan a un lado. Ante este panorama, pensamos que la nueva Comisión Directiva debe estar cerca de todos los agentes del mundo económico y fiscal posibles, como la Aeat, la Dirección General de Tributos, la Oficina del Defensor del Contribuyente, el Instituto de Estudios Fiscales, las Agencias Autonómicas, el Consejo General del Poder Judicial. Se trata de tener con ellos las relaciones más fluidas posibles y llegar a donde se pueda llegar. Con la Aeat partimos de unos niveles muy bajos y de lo que se trata es de llegar a mejorar algo las relaciones.
¿Son conscientes de que tras un fallo favorable se cambia la ley?
Lo somos. Por eso necesitamos la independencia judicial en el ámbito tributario, ya que son los únicos que nos dan un poco de seguridad jurídica. Y digo un poco, porque en muchas ocasiones,el Legislativo a los diez minutos está modificando la norma para cambiar los criterios del Tribunal Supremo. Ante los jueces nos encontramos, los asesores fiscales, en igualdad de armas. Yo diría que los Tribunales Económico-Administrativos (TEA) están realizando una gran labor, pero en igualdad de armas no estamos hasta que llegamos a la jurisdicción.
¿La pyme es la más afectada ante estos cambios legislativos?
Por descontado. Ella lo tiene más difícil para introducir cambios y protegerse. La inseguridad jurídica nos viene por la mala regulación. Quienes hicieron, por ejemplo, el real decreto de Sociedades que ha sido anulado recientemente por el TS, sabían que tenía que hacerse a través de una ley, pero no se hizo, porque no hay consecuencias y lo que se pretende es recaudar, aunque se parta de ideas como la lucha contra el fraude. En Aedaf estamos en contra del fraude fiscal, pero lo que no puede ser es que con este pretexto se efectúe una voracidad recaudatoria. Hay una línea roja que son los derechos de los contribuyentes, que son sagrados. Dicen las estadísticas del sector, que el 50% de los litigios vienen por diferencias de interpretación con Hacienda. Después, tienes el larguísimo listado de instituciones dependientes de Hacienda, con opiniones distintas en muchas ocasiones. Y cuando actúa el TS, no es previsible que hará el legislador. Debería haber una vacatio legis una vez que falla el TS, sin cambios.
¿Y qué sensación tiene el asesor ante el cambio continuo de normas?
Es imposible que un asesor fiscal pueda conocer toda la legislación que se va aprobando. A nivel profesional estamos siempre hablando de contingencias. Siempre estamos diciendo… cuidado con esto… cuidado con eso. Y, además, en el caso de los pleitos, o tienen cierta cuantía o llega un momento en que casi les recomiendas que, a no ser que quieran pasar diez años yendo y viniendo, pues que desistan. Y tiene que cambiar el automatismo de los expedientes sancionadores. No pasa en otros países, que cuanto te abren una pequeña revisión, ya se aplica un expediente sancionador.
¿Y cómo encajan los asesores las derivaciones de responsabilidad?
Hacienda está derivando responsabilidades cuando no puede cobrar las deudas y, por tanto, no es efectiva su recaudación. Incluso se están dando casos de antiguos directivos a los que se les deriva la responsabilidad quince años después. Es un problema muy complicado. Los asesores fiscales decimos ahora que tememos más al Departamento de Recaudación que al de Inspección. Hay muchas derivaciones que se están haciendo de una forma muy alegre, con el daño que se hace al ciudadano a nivel personal y profesional.
¿Y qué papel va a jugar la nueva facturación digital?
Se ha retrasado durante dos años. El Veri*Factu viene de la UE. Para los pequeños empresarios será un auténtico problema. Lo que nos da miedo es la aplicación que puedan hacer de esta normativa y que la Administración quiera personarse donde están los registros y donde está el programa de facturación.
¿Cómo ve los anuncios de que Hacienda vaya a solicitar la información sobre todas las operaciones con tarjetas?
Me aventuro a decir que si a lo que se refiere la ministra es a pedir todos los datos de los contribuyentes y sus tarjetas, con todo el detalle y sin estar en ningún procedimiento, como una declaración informativa de los bancos, recurriremos sin duda. Me parecería muy excesivo porque afectaría a la intimidad. Sería absolutamente inconstitucional.
¿Y qué valor le conceden a que el TS haya prohibido a los Ayuntamientos los embargos fuera de su término municipal?
Tendrán que solicitar a los Ayuntamientos donde estén las cuentas que embarguen para poder cobrar. Es un método más costoso, pero es el sistema establecido por la legislación, tal y como ha reconocido el Tribunal Constitucional. Seguramente, el Legislativo procederá a modificar la Ley. eleconomista
